La Comisión Europea ha impuesto a España una serie de
obligaciones en materia energética en su dictamen sobre el Plan de
Implementación nacional, destacando la necesidad de eliminar el Precio
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), permitir el cierre de centrales
de ciclo combinado y buscar alternativas a las subastas inframarginales. Estas
acciones buscan alinear a España con las normativas y objetivos de la Unión
Europea en materia de energía y sostenibilidad.
Actualmente,
España cuenta con dos segmentos en el mercado minorista de electricidad: el
regulado y el libre. En el mercado libre, los precios se establecen según la
oferta y la demanda, mientras que en el mercado regulado, los precios para
consumidores domésticos (menos de 10 kW) y microempresas son determinados por
la autoridad reguladora bajo el PVPC. Actualmente, alrededor de 8,5 millones de
consumidores domésticos están acogidos a este sistema.
Desde el 1
de enero de 2024, el PVPC ha sido reformado para incorporar señales de precios
a largo plazo, buscando impulsar la contratación de electricidad en los
mercados a plazo y reducir la volatilidad. Sin embargo, la Comisión Europea,
según ha adelantado el diario El Mundo, ha instado a España a considerar una
eliminación gradual del PVPC para aquellos consumidores que no sean vulnerables
o no se encuentren en situación de pobreza energética.
Ciclos
combinados
Durante las
conversaciones con las autoridades españolas tras la presentación del plan de
implementación, España informó de que Naturgy había iniciado procedimientos
judiciales contra España, ya que no había recibido respuesta por parte de las
autoridades españolas en relación al cierre de algunas de sus centrales de TGCC
(turbina de gas de ciclo combinado) y alegó que ello constituía una barrera
indebida a la salida del mercado eléctrico español.
España
informó de que el Tribunal ES 7 ES Supremo de España falló recientemente a
favor del derecho de Naturgy a cerrar casi 4 GW de TGCC y de que todavía hay
otra sentencia pendiente en la que el Tribunal podría declarar el mismo derecho
a favor de Naturgy para otra central TGCC de 420 MW. España alega que, a la
vista de la sentencia del Tribunal Supremo, no es necesario que las autoridades
públicas españolas concedan una autorización a Naturgy para cerrar sus
centrales.
Así, tal y
como también ha contado El Economista, Bruselas ha exigido al Ministerio de
Transición Ecológica que establezca un marco claro y transparente para el
cierre de centrales de ciclo combinado, evitando barreras indebidas a la salida
del mercado.
Subastas
inframarginales
En
respuesta a la crisis energética, España implementó subastas a plazo
obligatorias para ciertas empresas mediante el Real Decreto 17/2021. Sin
embargo, esta medida no se ha aplicado desde su entrada en vigor.
La Comisión
Europea ha solicitado a España explorar alternativas que mejoren la capacidad
de los participantes del mercado para cubrir riesgos de precios, sugiriendo la
creación de un creador de mercado en caso de detectar problemas de liquidez.
Figura del
agregador independiente
La Comisión
también ha enfatizado la importancia de permitir una participación plena y no
discriminatoria de los consumidores finales en todos los mercados eléctricos,
incluyendo la respuesta de la demanda a través de agregadores. Aunque España
introdujo el concepto de "agregador independiente" en su legislación
en 2013, todavía existen barreras para su plena participación.
Bruselas ha
instado a España a eliminar estas barreras para finales de 2024, facilitando
así la participación de los agregadores en el mercado de electricidad y en los
mecanismos de capacidad previstos.
Interconexiones
España
sigue lejos del objetivo de interconexión eléctrica del 15% para 2030, con un
nivel de solo el 4,7% en 2023. Aunque se han planificado nuevos proyectos de
interconexión con Portugal, Francia, Marruecos y Andorra, Bruselas insta a
acelerar estas iniciativas.
Además, a
pesar de las inversiones en la red interna, la Comisión Europea ha identificado
ocasiones de congestión que deben ser abordadas mediante una planificación
anticipatoria y regulaciones adecuadas.
Puntos
positivos
Por otro
lado, dentro del informe, Bruselas también destaca cosas positivas del plan de
implementación español. La Comisión enfatiza la importancia de empoderar a los
consumidores y promover su participación en el mercado energético, incluyendo
la respuesta de la demanda y el almacenamiento de energía y elogia los
esfuerzos de España para que participen activamente en el mercado de la energía
a través de sistemas de autoconsumo.
En este
sentido, España ha avanzado en el despliegue de contadores inteligentes y en el
desarrollo de una Estrategia de Almacenamiento Energético, con objetivos de 20
GW para 2030 y hasta 30 GW para 2050. (El
Periódico de la Energía – España)
