Un decreto
del MIEM ahora reconoce la capacidad de respaldo de potencia firme que poseen las
energías renovables cómo eólica y solar. Con ello se busca estimular el mercado
de contratos de energía entre privados
La semana
pasada el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), aprobó un decreto
que reconoce a los generadores privados de energías renovables (eólica, solar y
biomasa) la capacidad de suministrar potencia firme a largo plazo para garantía
de suministro.
El cambio
busca fomentar el funcionamiento de un mercado de contratos mayoristas de
energía eléctrica entre privados. En el gobierno también se lo visualiza como
una herramienta que puede contribuir a superar una “barreras de entrada” que
hoy tienen muchas inversiones, como es el precio de la energía que comercializa
UTE.
En Uruguay
hace 20 años hay un marco regulatorio que habilita a que exista un mercado
mayorista de energía eléctrica en el que puedan celebrarse contratos de compra
venta entre un consumidor privado y un generador privado en cualquier parte del
país.
Pero hasta
ahora solo han existido contratos regulados con UTE. Una de las razones es la
dificultad que implicaba para los productores privados contar con potencia
firme. La reglamentación anterior establecía que ese respaldo solo podía darse
con generación térmica o hidráulica.
El cambio
implica, por ejemplo, que a una granja eólica o solar fotovoltaica que realice
un contrato de suministro para venderle energía a un gran consumidor se le
reconocerá como potencia firme una parte de su generación.
Esta
semana, el representante de Cabildo Abierto en el Directorio de UTE, Enrique
Pées Boz, afirmó que el decreto beneficia a los 470 grandes clientes del ente
(representan el 20% de la facturación), que podrán comprarles energía eléctrica
a grandes generadores privados.
Y también
señaló que ocasionará “notorios perjuicios” al resto de los usuarios, en la
medida que la empresa pública verá afectados sus ingresos, y esas pérdidas se
cargarán en las tarifas que pagan 1,6 millones de clientes minoristas.
Los argumentos
del MIEM
Sobre este
punto, el MIEM considera que es “falso” que UTE tenga que compensar subiendo la
tarifa al público, según se informó a El Observador.
En primer
lugar, porque se entiende que el crecimiento de la demanda eléctrica general “es
innegable”, y que el mercado que atiende UTE crece y seguirá creciendo,
aumentando sus ingresos.
Además, se
considera que la facturación “no va a estar en riesgo” por algunos grandes
consumidores que elijan tener un proveedor privado. Y que UTE se puede
focalizar en la red y en mejorar la distribución que es lo que la
electrificación de la demanda energética necesita.
En segundo
lugar, porque se considera que no va existir “una estampida” de grandes
consumidores hacia el mercado privado.
Ello por
tres razones, según el MIEM: en primer lugar porque instalar generadores
privados nuevos requiere tiempo e inversión.
En segundo
lugar, porque UTE puede competir y retener los clientes, tiene “la
flexibilidad” que un proyecto privado no tiene, posee “un amplio portafolio de
opciones y plazos”, y toda la firmeza que se requiere, entre otros.
Y en tercer
lugar, porque muchos consumidores prefieren tener a UTE como proveedor, dada la
“robustez” que eso implica, se explicó.
Por otro
lado, se entiende que si bien los contratos que UTE tiene con generadores
privados (firmados a partir de 2011) “son relativamente caros”, UTE cuenta con
las represas que generan electricidad a costos muy bajos, lo cual resulta en un
portafolio que en promedio “seguirá siendo muy competitivo” con las nuevas
renovables. “UTE no queda en una situación de desventaja”, se considera en el
ministerio.
Además, UTE
seguirá recibiendo remuneración por el uso de la red (peajes) y por la potencia
firme que aporta al sistema, lo cual "mitiga" el impacto de la
eventual pérdida de clientes, se indicó.
También se
considera que introducir niveles de competencia en el sistema implica
incentivos para UTE para que sea más eficiente. Esto, según se explicó desde la
cartera, “está alineado” con la política general que impulsa el gobierno en
relación con las empresas públicas, “que está demostrado que pueden competir”. (El Observador – Uruguay)
