Esta medida impulsará la retirada de España del
tratado, uniéndose a otros países de la UE que ya han tomado esta decisión,
como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo
El
Gobierno español ha dado un paso contundente en sus compromisos ambientales al
formalizar su denuncia hacia el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un
marco jurídico que según el mismo, “ha quedado obsoleto frente a los actuales
objetivos climáticos”.
La
propuesta ha sido enviada al Parlamento, donde se espera su aprobación mediante
un procedimiento de urgencia. Esta medida impulsará la retirada de España del
tratado, uniéndose a otros países de la UE que ya han tomado esta decisión,
como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo,
incentivados por la propuesta en el mes de julio de la Unión Europa, donde
animaba a la salida en bloque de todos sus miembros, desencadenando así una
serie de movimientos que están transformando el panorama energético europeo.
El TCE,
vigente desde 1998 y firmado por 53 países, ha sido objeto de críticas debido a
su enfoque en la protección de inversiones en combustibles fósiles,
interfiriendo con la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. La
Comisión Europea había considerado previamente la posibilidad de modernizar el
tratado, pero la resistencia de varios países llevó a la propuesta de
abandonarlo en bloque, según lo sugerido por Bruselas en julio.
El portal
Investigative Europe estima que la infraestructura fósil protegida por el
tratado en la UE, Reino Unido y Suiza alcanza un valor significativo de 344.600
millones de euros. Estas inversiones, predominantemente en yacimientos de gas y
petróleo, así como oleoductos, están en conflicto con los objetivos
medioambientales actuales.
Decisión
de España
La
denuncia hacia el TCE por parte de España se fundamenta en su inadecuación al
contexto energético actual, “poniendo en peligro” las inversiones necesarias
para la transición energética. Aunque la Conferencia de la Carta de la Energía
ha abierto un proceso de modificación, la unanimidad requerida hace difícil
alcanzar un acuerdo.
La
denuncia del TCE será efectiva un año después de su notificación, afectando a
las nuevas inversiones en el Estado denunciante. Las inversiones existentes
estarán protegidas durante 20 años más, gracias a la cláusula de “sunset
clause” del TCE.
La
retirada coordinada de los países de la UE señala la irreversible agonía del
TCE, generando incertidumbre en futuras inversiones al no contar con un
mecanismo multilateral de protección equivalente. Aunque algunos acuerdos
bilaterales pueden suplir esta ausencia, la decisión conjunta de la UE sugiere
un cambio estructural en la gobernanza de las inversiones energéticas en la
región. (El
Periódico de la Energía – España)
