Desde octubre de 2020, la industria y el Ministerio de Energía
venían desarrollando un trabajo participativo, que contó con la colaboración
del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería.
Las
tecnologías de almacenamiento de energía están tomando fuerza entre las
iniciativas privadas y públicas, especialmente luego del anuncio que realizó el
Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, respecto al proyecto que
busca licitar la construcción de un proyecto a gran escala, ubicado en el
Desierto de Atacama, por US$2.000 millones, y que se espera inicie sus
operaciones en 2026.
De hecho,
según la gerente general de Statkraft Chile y presidenta del directorio de
Generadoras de Chile, María Teresa González, en el país existen iniciativas
relacionadas con estas tecnologías por cerca de 1.600 MW la capacidad de generación,
las que “ya están en curso, y eso da evidencia de que hay un interés del sector
privado por hacer las inversiones”.
Sin
embargo, desde octubre de 2020 la industria y el Ministerio de Energía venían
desarrollando un trabajo participativo, que contó con la colaboración del
Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), para la elaboración de un
nuevo reglamento de potencia, el cual buscaba dar una definición clara al
concepto de suficiencia de potencia para tecnologías de almacenamiento,
considerando la mayor penetración de las energías renovables variables, como la
solar y eólica, donde los períodos de mayor exigencia para el sistema se ven
desafiados ante los cambios en la matriz energética.
Pese a la
relevancia de la definición normativa, los consensos en este aspecto
regulatorio no se habían alcanzado. Ante este escenario, el Ministerio de
Energía comunicó que decidió no perseverar en el cambio de reglamento de
transferencias de potencia, y simplemente se hará una serie de modificaciones
al reglamento contenido en el actual decreto supremo 62 del año 2006,
manteniendo ciertas innovaciones necesarias, entre otras cosas, en materia de
almacenamiento.
El jefe de
la cartera, Diego Pardow, explicó que el desechado reglamento “llevaba mucho
tiempo en elaboración y que tenía partes donde se había logrado consenso con la
industria y en otras no. Entre las que hay un amplio consenso, sobre todo lo
que tiene que ver con el almacenamiento, era importante dar certezas respecto
de su remuneración para que los proyectos puedan cerrar su financiamiento y
empezar a trabajar en los permisos y materializarse lo antes posible”.
En el marco
de la actividad, el gerente de Inversiones y Financiamiento de Corfo, Francisco
Meneses, dio a conocer las fuentes de financiamiento verde para este tipo de
proyectos. Posteriormente, el director subrogante del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), Juan Cristóbal Moscoso, abordó los criterios técnicos que
serán considerados para los procesos de evaluación ambiental, de manera de
entregar mayores certezas a los desarrolladores de este tipo de proyectos.
Reacciones
al anuncio del Gobierno
La abogada
experta en regulación energética y socia directora del estudio Domo Legal,
Daniela González, valoró la determinación, “pues ya se había prorrogado dos
veces el plazo para responder las observaciones formuladas en la última
consulta pública”.
Agregó que
“definitivamente no había consenso respecto del nuevo reglamento, pese a los
esfuerzos del ministerio y habían algunas objeciones jurídicas”.
“Por otro
lado, es necesario dar prontas señales al mercado sobre la remuneración de la
potencia de los sistemas de almacenamiento y la modificación que se anuncia,
entre otros temas, aborda este tema muy solicitado por el sector”, planteó. (Revista
Electricidad – Chile)
